Bogotá, 26 de agosto de 2025. – El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó para comentarios y consulta pública el proyecto de Decreto por el cual se reglamentan los parágrafos 2° y 3° del artículo 211 del Estatuto Tributario, en desarrollo de la Ley 1430 de 2010. La iniciativa busca redefinir quiénes son los usuarios industriales que podrán acogerse a la exención de la contribución de solidaridad que financia los subsidios de energía de los estratos 1, 2 y 3.
Hasta ahora, el beneficio cobijaba a un espectro amplio de actividades, incluidas la agricultura, la minería, la construcción, los servicios públicos domiciliarios e incluso la edición de libros. Con el nuevo proyecto de Decreto, el Gobierno propone restringir la exención únicamente a los usuarios industriales cuya actividad principal esté clasificada entre los códigos 101 al 332 de la Clasificación CIIU Rev. 4 A.C., es decir, a las industrias manufactureras.
Contexto fiscal y normativo
La propuesta se presenta en un momento de alta presión sobre las finanzas públicas. Según la memoria justificativa, el costo fiscal de la exención alcanzaba los 3 billones de pesos anuales, de los cuales más de la mitad se destinaban a sectores distintos a la manufactura. Al acotar el beneficio, el Ministerio de Hacienda estima un ahorro aproximado de 1,2 billones de pesos que permitiría aliviar parcialmente el déficit del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso.
El proyecto sustituiría al Decreto 2860 de 2013, que incluía como beneficiarios a usuarios con actividades registradas entre los códigos 011 y 360, 581 y 411 a 439. Con ello, sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la construcción, el suministro de agua y gas, así como la generación y comercialización de energía, dejarían de estar cobijados por la exención.
Sectores más afectados
Los sectores más impactados por la eliminación del beneficio son:
- Agropecuario y forestal (011 a 032, 021 a 024): que ya no contarán con el alivio, pese a sus altos consumos eléctricos en procesos de riego, refrigeración y poscosecha.
- Minería e hidrocarburos (051 a 099, 061 y 062): usuarios intensivos en energía que ahora deberán asumir de lleno la contribución.
- Construcción (411 a 439): actividades de edificación, infraestructura y obras civiles, que pierden el incentivo en un sector clave para el empleo.
- Servicios públicos de electricidad, gas y agua (351 a 360): siendo el más llamativo el de captación y tratamiento de agua, puesto que se trata de un servicio público básico.
- Otros sectores como edición de libros (581), que incluye edición de libros, periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas.
De acuerdo con simulaciones del Ministerio de Hacienda, la eliminación del beneficio en estos sectores no tendría un impacto significativo en sus costos totales, pues exhiben mayores márgenes de rentabilidad y mejor capacidad de absorber incrementos en los insumos. Por el contrario, la industria manufacturera, con menores márgenes y mayor encadenamiento productivo, sería la más afectada si se le retirara la exención, por lo que por ahora ese ministerio optó por no eliminar la exención de este grupo de industrias.
Justificación económica y competitividad
La memoria del Decreto enfatiza que el sector manufacturero concentra los impactos más altos de un aumento del 20% en los costos de energía, con un efecto total estimado de 0,31% sobre los precios de producción, muy por encima del agro (0,13%), la minería (0,18%) o la construcción (0,09%). Por ello, se considera que mantener la exención únicamente para este sector protege la competitividad de la economía y alivia la presión sobre sus costos operativos.
Además, se señala que la industria manufacturera ha perdido participación en el PIB en las últimas décadas, pasando de 22,8% en 1975 a apenas 11,1% en 2024, lo que justifica focalizar los incentivos tributarios en este sector estratégico.
La exclusión de sectores históricamente beneficiados como el agro, la minería, la construcción y la captación, tratamiento y distribución de agua genera interrogantes sobre su impacto en la inversión, el crecimiento económico, la competitividad y el impacto sobre los usuarios finales de estas actividades.
Por: Luis David Pachón C.
